Durante las últimas elecciones, 15 mujeres fueron asesinadas y del 8 de septiembre de 2017 al 8 de abril de este año ocurrieron 33 casos de agresiones contra mujeres políticas, de los cuales 24 fue contra aspirantes y candidatas.
La defensa jurídica de las mujeres políticas también es una responsabilidad social. Históricamente, las mujeres hemos estado subrepresentadas en México y en el mundo. Nuestra presencia en cargos de elección popular, en la administración pública de todos los niveles de gobierno, e incluso en los espacios de participación social y comunitaria, ha sido resultado de una lucha permanente para lograr nuestra inclusión.
En el marco del 65 aniversario del derecho al voto para las mujeres y del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, nuestra más alta meta continúa siendo el logro de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres; una igualdad que conlleva no sólo el reconocimiento de derechos, sino sobre todo la generación de oportunidades para nuestro pleno desarrollo y mejores condiciones de vida, sin discriminación de ningún tipo y menos aún por razones de sexo.
Sin embargo, la participación política en un contexto sociocultural aún patriarcal y discriminatorio ha pasado factura a las mujeres. Entre los altos costos se encuentra precisamente la violencia política contra las mujeres en razón de género, la cual constituye la máxima expresión de discriminación política que inhibe, minimiza y limita el pleno ejercicio de los derechos político electorales, degradando con ello nuestra democracia.
El Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB) destaca que la violencia política es más incisiva contra las mujeres, de hecho, el indicador de la consultora Etellekt reveló que 15 mujeres fueron asesinadas durante las últimas elecciones y del 8 de septiembre de 2017 al 8 de abril de este año ocurrieron 33 casos de agresiones contra mujeres políticas, de los cuales 24 fue contra aspirantes y candidatas.
Esta comisión busca la promoción, protección y defensa jurídica, electoral, penal y social de los derechos políticos y electorales de las mujeres, así como su efectivo ejercicio en la vida pública.
Dentro de los órganos que integran esta defensoría jurídica de oficio, se encuentra el Consejo Consultivo, que es el órgano colegiado, democrático y plural, de carácter honorífico, conformado por mujeres y hombres relevantes en el ámbito electoral y la sociedad civil, así como, representantes de cada uno de los partidos políticos nacionales, cuyo objetivo es proponer, opinar y decidir sobre los proyectos, recursos de defensa y vías jurídicas que implementará la defensoría electoral, así como, respaldar a las víctimas durante los procesos de protección y denuncia, mediante el pronunciamiento público y mediático de condena de actos de violencia política contra las mujeres.
La defensa jurídica de las mujeres políticas también es una responsabilidad social, así que es momento de estar a la altura de los tiempos, y con esta misión se hace un atento llamado a formar parte de esta iniciativa que busca visibilizar la violencia política en razón de género y erradicarla.
